Quien tiene la información tiene el poder. Ha sido una constante a lo largo de la historia. Si a esta situación le añadimos la aparición del almacenamiento de datos y, especialmente, la posibilidad de tratamiento automatizado de datos personales, estamos multiplicando sus efectos. Seamos o no conscientes de ello, nos vemos afectados cotidianamente por este hecho (y el caso de la concesión o no de un crédito es la muestra palmaria de ello). Todos tenemos asumido que cuando nos acercamos a cualquier ventanilla, alguien, sentado ante una pantalla, teclee nuestro nombre o nuestro DNI y aparezca una radiografía de nuestra situación.

La existencia de datos personales almacenados en ficheros y la forma en que han sido obtenidos no son irrelevantes, ya que pueden afectar nuestros derechos constitucionales. La situación en muchos casos es de absoluta indefensión, ya que los ciudadanos no somos conscientes de la lesión de nuestros derechos hasta que sufrimos sus efectos. Y las consecuencias pueden ser leves, como tener el buzón lleno de cartas de propaganda, o graves, como cuando se nos niegan determinadas solicitudes porque aparecemos en un fichero misterioso, al que alguien ha enviado información sin que nadie nos lo haya notificado y por lo tanto seamos totalmente ignorantes de esta situación.

La Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos Personales (LORTAD) establece que entre los ficheros de acceso público, y por tanto libremente consultables, se hallan los datos sobre abonados a servicios de telecomunicación (Art.26).

Lo probado es que Telefónica cedía los datos de sus abonados, entre otros, a su filial TPI, que, junto a otros servicios, comercializa las páginas amarillas (información de profesionales y negocios). Así pues, TPI mantiene dos grandes bases de datos: Coditel Hogares y Coditel Páginas Amarillas. Las Páginas Amarillas no vienen al caso, porque allí está quien quiere anunciarse pagando.

Coditel Hogares es punto y aparte. Esta base de datos de TPI contiene la información de todas las familias abonadas a Telefónica (es decir, todos los clientes de Telefónica, excepto empresas y profesionales).

A partir de estas dos fuentes públicas, lo que ha estado haciendo TPI ha sido un proceso de agregación de datos a nivel censal, para proceder a continuación a su comercialización. Cito párrafos de las páginas que TPI mantenía en Internet y que se apresuró a retirar cuando comenzó a salir a la luz pública este asunto y de sus folletos:

Desde mi punto de vista, hay una cesión irregular de los datos de Telefónica a TPI, para fines distintos al previsto, que es la prestación del servicio telefónico. A mi solicitud de acceso a sus ficheros (Art. 14 LORTAD), en que les pedía me informaran de los datos de los que disponían, de los resultantes de cualquier elaboración, su origen, a quien se los habían cedido y la especificación de sus concretos usos y finalidades para los que se almacenaron (sacado del modelo que propone la APD), Telefónica me contestaba:

Como se puede ver lo manifestado y la realidad eran bien diferentes.

Por su parte, TPI a las mismas preguntas contestaba:

He tenido la paciencia de enviar la solicitud de información a alguna de las empresas que me han enviado propaganda. Tengo la respuesta de diez de ellas. El origen de los datos en TODOS los casos es TPI.

Básicamente que debemos ser mucho mas activos en la defensa de nuestros derechos. Y precavidos. Esto pasa por preguntar cuando tengamos alguna duda y por no dar alegremente información sin que sepamos de forma cierta cual es su destino. Os puedo asegurar que las grandes organizaciones son especialmente sensibles a las preguntas o quejas y son las primeras interesadas en no utilizar datos que tengan el menor atisbo de ser obtenidos ilegalmente, por el perjuicio a su imagen que ello le puede ocasionar. Y la carta del director de Telefónica del 26-12-97 es un buen ejemplo.

En la Asociación Española de Marketing Directo (AEMD), que tiene unas 200 empresas asociadas), existe un llamado "fichero Robinson", en el que se inscriben aquellos que no deseen recibir publicidad .

"Caminante no hay camino, se hace camino al andar". No dispondremos de la plenitud de nuestros derechos en tanto en cuanto no seamos capaces de reclamarlos. Tenemos una Ley de Protección de Datos muy joven (acaba de cumplir cinco años) y hemos de equilibrar la actuación de aquellas personas, empresas o grupos que se están aprovechando del desconocimiento e indolencia que sobre este tema tienen la mayoría de ciudadanos. Dado que España debe adaptar la LORTAD a la Directiva Europea 95/46/EC sobre protección de datos personales antes del 24.10.98, se abre una magnífica ocasión de debate y concienciación sobre este tema. Propongo que ATI promueva este debate y mantenga una situación de vigilancia activa mediante la reactivación de la Comisión de Libertades e Informática (CLI) y, si es posible, una sección pública que contemple las implicaciones sociales de la utilización de la informática, tanto en sus páginas web como en sus publicaciones.

Resaltar el aspecto enormemente positivo de que, gracias a las reclamaciones y al revuelo armado, Telefónica haya recapacitado y decidido terminar con el mercadeo de los datos de sus abonados. No obstante hay que mantener la guardia, porque estoy seguro de que aparecerán situaciones en las que debamos intervenir. Muy probablemente Telefónica no haya sido la única con este tipo de actuación.

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