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Novática 150 (marzo-abril 2001)

Editorial

Déficit de informáticos, déficit de perspectiva

Las estimaciones de los expertos de la Unión Europea hablan de que en los países que la forman faltarán en el año 2003 (es decir, a la vuelta de la esquina) entre dos y tres millones de profesionales informáticos de todos los niveles y funciones: desde jefes de proyecto a operadores de sistemas, desde webmasters a técnicos de mantenimiento ..., con titulación universitaria superior o media, específicamente informática o no, o sin ella ...

En nuestro país, en el citado 2003, el déficit estimado es de alrededor de 100.000 informáticos y los expertos señalan que esta carencia de especialistas TIC puede ser un factor muy negativo para el desarrollo de nuestro continente en el marco de la llamada «Sociedad de la Información».

Las autoridades comunitarias y las de los Estados miembro de la U.E. están comenzando a poner en marcha, en colaboración con la industria y los agentes sociales, medidas para paliar esta preocupante situación. Estas medidas van desde el fomento de la inmigración de informáticos asiáticos y del Este de Europa a la capacitación de profesionales TIC (en el sentido amplio que describe Peter Denning en la entrevista publicada en el número 147 de Novática, sep.-oct. 2000, <http://www.ati.es/novatica/2000/147/petden.pdf>).

Pues bien, en este entorno no pueden por menos que sorprender los insistentes rumores de que se está preparando una nueva versión del Proyecto de Ley de Colegios Profesionales Informáticos que iría en la misma línea del nefasto «Proyecto Cárceles»: un proyecto que incluiría la obligatoriedad de ser Ingeniero Informático y de estar colegiado para poder ejercer la profesión informática; que no prevería ninguna disposición transsitoria para la colegiación de otro tipo de titulados; y que, last but not least, dejaría en manos de una sola asociación el monopolio de la gestión colegial.

Aparte de su manifiesta ilegalidad, al infrigir de modo flagrante las Directivas Europeas sobre libre circulación de trabajadores, y de una total falta de realismo, al ir en contra de la realidad presente y futura del mercado de trabajo, un proyecto como éste, de llevarse adelante, mostraría sobre todo el déficit de perspectiva de sus promotores.

Si un proyecto así llegase a concretarse, ATI --en el interés de sus socios, de la profesión informática y de la sociedad en su conjunto-- no dudaría en oponerse a él con todos los recursos legales existentes pero, sobre todo, con el principal recurso: el sentido común.

Nota: en <http://www.ati.es/DOCS/>, en la sección de asuntos profesionales y asociativos, puede encontrarse una amplia documentación sobre este tema, incluyendo la posición de ATI al respecto.
 

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